La securitización en las protestas en Chile: el rol del Presidente y los medios de comunicación

Por Maximiliano Arce Castro
fotografía por: Elías Arias
Octubre 26, 2020 15 min lectura

El proceso de securitización vivido en Chile desde octubre de 2019, liderado por el Presidente Sebastián Piñera y sostenido por los medios de comunicación, creó la necesidad de identificar y combatir las amenazas existenciales a la seguridad con acciones de emergencia y medidas excepcionales, afectando la relación entre él y la ciudadanía. Aunque se crearon nuevas imágenes de la realidad, apoyadas por los discursos del Gobierno, para mantener su tesis sobre la violencia y caos del orden público, los ciudadanos evaluaron negativamente la gestión de la crisis, avalados por los cuatro informes internacionales sobre la violación de los DD.HH.

El anuncio del alza de 30 pesos (0,035€) en el valor del pasaje del transporte subterráneo en Santiago fue el puntapié para las manifestaciones que hasta la fecha se mantienen en Chile. Estudiantes secundarios y universitarios se organizaron a través de redes sociales para evadir el pago del metro y saltar los torniquetes, desde el 14 de octubre de 2019 (Cooperativa, 2019). Durante esos días la gente salió a las calles para manifestarse de manera pacífica y otros de manera violenta.

De acuerdo a un estudio de Ipsos (Ipsos, 2019) el 67% cree que las personas se cansaron del alto costo de la vida, las alzas de precios de los servicios básicos, el bajo nivel de los salarios, la calidad de la salud y el monto de las pensiones, entre otros. Uno de los factores que explicaría el malestar es la brecha de desigualdad que existe en el país y por la politización de la misma (Estefanía, 2019). Según el informe Society at a Glance 2019, la desigualdad de ingresos chilena es la segunda más alta de los países de la OECD: “el ingreso promedio del 10% más rico de la población chilena es 19 veces mayor que el ingreso del 10% más pobre, en comparación con el promedio de 9.3 en todos los países de la OECD” (OECD, 2019).

El 18 de octubre Metro decidió suspender totalmente su servicio e informó que se debía a los “disturbios y destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores”. Esto ayudó a influenciar la toma de decisiones que luego llevaría a cabo el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, para mantener la seguridad del país: anunció que aplicaría la Ley de Seguridad del Estado contra los responsables de los hechos violentos (condena a quienes realicen delitos contra la soberanía nacional, el orden público y la seguridad del Estado a nivel interior y exterior). Esa misma noche se reportaron incendios en estaciones del metro, quema de buses del transporte público, saqueos a supermercados y tiendas y el incendio del edificio corporativo de la empresa Enel (La Vanguardia, 2019a)

El proceso de securitización comenzó cuando en la madrugada del 19 de octubre Piñera -quien es el actor securitizante- anunció que decretaba Estado de Emergencia en las comunas del Gran Santiago. Horas más tarde esta acción se extendería a cinco regiones del país y cuatro días después, a 15 de las 17 regiones de Chile (Diario Oficial, 2019).

“El objetivo de este Estado de Emergencia es muy simple, pero muy profundo: asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas que se han visto seriamente conculcados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuesto a destruir una institución tan útil y necesaria como es el Metro, y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas” (Piñera, 2019a).

El Ejército patrulló las calles de Santiago tras tomar el control de la seguridad y el mismo 19 de octubre el Presidente anunció que se suspendía el alza en la tarifa del transporte . El Jefe de la Defensa Nacional, General Javier Iturriaga, decretó toque de queda en la capital entre las 22:00 horas y las 7:00 horas del día siguiente.

El 21 de octubre el Presidente afirmó: “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del Metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos” (Mega, 2019). Este discurso no fue subido a la web oficial de Prensa de Presidencia.

Esto creó una nueva realidad, una imagen mucho más dura y negativa al afirmar que Chile está en guerra apelando a que no se ha podido restablecer el orden público. Se suma a que las acciones extraordinarias tomadas vinieron acompañadas de uso excesivo de la fuerza hacia los manifestantes. Según el último informe realizado por el Instituto Nacional de los Derechos Humanos de Chile el 19 de marzo de 2020, se contabilizaron 11.389 detenidos, 3.838 personas heridas, 460 personas con pérdida ocular y 34 fallecidos. (INDH, 2020)

Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas elaboraron informes que revelaron graves vulneraciones por parte de la policía local, Carabineros de Chile. “Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los DD.HH. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias” (OACDH, 2019).

Para mantener el discurso de la nueva realidad del conflicto, el Gobierno rechazó el informe elaborado por Amnistía Internacional por “pretender establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes” (La Vanguardia, 2019b). Y en medio de las protestas sociales, se divulgó un audio de la Primera Dama, Cecilia Morel, quien también cumplió un rol como actor securitizante al decir que “lo que viene es muy, muy, muy grave (...) estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas” (Radio Bio Bio Chile, 2019).

Papel de los medios de comunicación

Los medios de comunicación juegan un rol determinante en el proceso de politización de la amenaza para la seguridad, condicionando así a la idea de la opinión pública y de la ciudadanía (Demurtas, 2019). En este caso facilitaron la securitización reproduciendo continuamente los hechos violentos de las protestas. Hasta la fecha no hay ningún estudio que pueda demostrar cuantitativamente el tiempo usado para mostrar la violencia versus las marchas pacíficas, pero fueron las personas que comenzaron a criticar en vivo los programas y a sus conductores: “Me gustaría que la televisión mostrara realmente lo que está pasando con los militares que están reprimiendo a la gente”. (Youtube, 2019).

Según un estudio de la Universidad Católica (Grassau, Valenzuela, et al, 2019) el 89% cree que los periodistas no cubren todos los hechos importantes, el 84% que los reporteros no hacen un buen trabajo cubriendo temas importantes y que no incorporan en sus pautas los diferentes actores de la crisis, y un 71% que los periodistas presentan sólo un lado de la noticia.

Además diversos centros de estudiantes de comunicaciones de Chile repudiaron la mediatización de la televisión abierta “en su rol de criminalizar la protesta, recurriendo a la censura, priorizando fuentes gubernamentales y tergiversando información al mostrar solo la violencia en las calles, pero no las violaciones a los DD.HH. cometidas” (Colegio de Periodistas, 2019).

Encuestas de opinión

El 23 de octubre se dio a conocer el resultado de uno de los primeros sondeos demoscópicos sobre la crisis social por parte de Ipsos. El 61% de las personas justificaron que el Presidente Piñera haya decretado el toque de queda para la noche del sábado 19 de octubre en Santiago. Además la opinión general es que las jornadas de protestas afectarán negativamente a la imagen del país: 45% piensa que será algo temporal y pasará pronto, y un 33% cree que le afectará negativamente (Ipsos, 2019).

Otro sondeo reveló que un 55% respaldó la decisión del Jefe de Gobierno de decretar estado de emergencia, un 49% estuvo a favor de decretar el Estado de Emergencia y las evasiones masivas al Metro como una forma de protesta recibieron un 58% de apoyo. No así la destrucción de la propiedad pública y el uso de la violencia, que fue rechazado con un 89% (Cadem, 2019).

Aunque tuvo adhesión en relación a la medida de emergencia, el apoyo a su gestión en la crisis fue mal evaluada por la ciudadanía. Según el último reporte del Centro de Estudios Públicos, la gestión del Presidente contó con un 6% de aprobación y 82% de desaprobación (CEP, 2019) y de acuerdo a los registros históricos ha sido el “peor desempeño que ha obtenido un jefe de estado desde el retorno a la democracia” en 1990 (Radio Universidad de Chile, 2019).

Los otros efectos

A través de una cadena nacional, Piñera anunció una agenda social con proyectos tales como rebajar la dieta de los parlamentarios y de los altos cargos públicos, aumento del salario mínimo, dejar sin efecto el alza en los precios de la electricidad y más impuestos a rentas superiores (CNN Español, 2019a). También removió del cargo de Ministro de Interior y Seguridad Pública a Andrés Chadwick, primo y hombre de su confianza, y al Ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien colaboró en aumentar la indignación de la ciudadanía cuando al presentar el Índice de Precios al Consumidor en septiembre, hizo un llamado a “comprar flores a los románticos” porque habían disminuido de precio (El País, 2019).

Entre estas modificaciones, Piñera concedió una entrevista a BBC donde respondió a quienes pedían su renuncia: “Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos”. (BBC, 2019)

El Congreso junto al poder Ejecutivo anunciaron un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que se realizará un cambio en la Constitución de Chile y que el proceso será en 2020 por votación popular para decidir el mecanismo (Cámara de Diputados, 2019). Del mismo modo, la oposición política acusó constitucionalmente al ex ministro Chadwick, por su responsabilidad política argumentando que fracasó en mantener el orden público y en respetar los DD.HH. de los ciudadanos, lo cual lo dejó inhabilitado para ejercer cargos públicos por 5 años (Senado, 2019).

Otro de los efectos fue la suspensión de la cumbre APEC y COP 25 a realizarse en Chile. “Nuestro Gobierno, y con profundo dolor, porque éste es un dolor para Chile, ha resuelto no realizar la Cumbre de APEC que estaba programada para el mes de noviembre y tampoco la Cumbre de la COP que estaba programada para el mes de diciembre (...) Pero en esto hemos basado nuestra decisión en un sabio principio de sentido común: cuando un padre tiene problemas, siempre tiene que privilegiar a su familia con respecto a otras opciones, igual un Presidente siempre tiene que poner por delante a sus propios compatriotas por encima de cualquier otra consideración” (Piñera, 2019b), dijo el Mandatario.

Finalmente el Presidente señaló a CNN Español que las protestas han sido catalizadas y organizadas por grupos organizados en el extranjero, que amenazan el orden y seguridad en el interior de Chile, aumentando así el proceso de securitización.

“La campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de desorden y de una crisis total, ha sido gigantesca. Y en eso ha habido, sin duda, participación de Gobiernos e instituciones extranjeras (...) Hay muchos videos no corresponden a la realidad, que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados” (CNN Español, 2019b).

Sin embargo el fiscal a cargo de investigar los hechos de violencia, descartó tener algún antecedente que dé cuenta de la existencia de que algún grupo haya actuado desde fuera o un grupo de extranjeros que haya actuado al interior del país para cometer delitos, desechando así la tesis que buscaba potenciar Piñera (La Tercera, 2019).

Los próximos procesos de securitización que se vengan con el proceso constituyente en camino serán casos de estudio para futuras investigaciones, principalmente si se sigue vinculando de manera intencional a la violencia con quienes adhieren a realizar un cambio en la constitución.